Etiquetas

,


Imagen

Publicado en www.esade.edu 01.03.2012.

“Las instituciones política son perjudiciales, moralmente hablando, cuando presentan las funciones políticas como un favor por conceder” (John Stuart Mill, Del gobierno representativo)

Hace unas semanas, en un curso que impartí a políticos y altos directivos de diferentes países latinoamericanos, se planteó el recurrente problema de si la alta dirección pública debía ser cubierta por criterios políticos, por razones profesionales o por sistemas mixtos. Como es habitual en el entorno de aquellos países, todos los asistentes se inclinaron, sin asomo de duda, hacia la primera opción. Cuando les indiqué que ello era también así en España, les pareció que avalaba su opción. Pero cuando les advertí que ello no era así en la mayor parte de los países desarrollados y en algún país como Chile, la perplejidad hizo mella en sus rostros. No lo sabían, ni se lo habían planteado nunca. No se preocupen –concluí- ustedes han heredado un “cultura política” clientelar y caciquil propia de los países latinos: les “hemos contaminado”. Y así nos va a todos estos países, puesto que “lo público” no es “de todos” sino es algo que es objeto de apropiación por “una parte”, quien gobierna temporalmente.

La articulación de un espacio directivo profesional en el sector público es, en efecto, un arreglo institucional que, con mayor o menor acierto, han ido resolviendo buena parte de las democracias avanzadas, así como algunos países en vías de desarrollo. Sorprende, sin embargo, que en España ese espacio directivo siga estando ocupado por criterios políticos. La “metafísica de la confianza política”, de la que hablara Francisco Longo, domina –con muy contadas excepciones- todo el sistema de provisión (y cese) de las estructuras directivas en nuestras organizaciones públicas.

Para comprender este fenómeno podemos volver la mirada al pasado, pero no es necesario recurrir a las lecturas costumbristas de los Larra, Galdós o Gil de Zárate y a la manida figura del “cesante”, sino que basta con comprender que nuestro subdesarrollo institucional en esta materia viene de lejos y, lo que es peor, tiene anclajes muy difíciles de remover, pues al fin y a la postre es un problema esencialmente de baja calidad institucional o, si se prefiere, de una tendencia natural de la “vieja política” a concebir la Administración Pública como botín a repartir entre sus acólitos y allegados.

El problema, dejémonos de rodeos, tiene una naturaleza exquisitamente política y una raíz clara de patología cultural, cuando no de relativismo moral o, incluso, de corrupción. En las sociedades latinas, muy alejadas de los presupuestos conceptuales en los que se formó la mentalidad capitalista de impronta luterana o calvinista, el mérito o el desarrollo profesional es visto con mucho recelo o distancia, pues siempre es más práctico recurrir al favor o a la amistad, cuando no a la adscripción partidocrática, en aquellos casos en los que se quiere obtener un puesto de responsabilidad en el sector público. Los presupuestos de “libre concurrencia” –en los casos que existen- son más formales que reales.


El coste de este sistema de amateurismo forzado en el ejercicio de responsabilidades públicas es intuitivamente (pues no hay estudios empíricos al respecto) altísimo. La continuidad se quiebra con los sucesivos cambios de gobierno o de personas, el conocimiento se tira a la basura una y otra vez, las políticas públicas se tejen y destejen como el vestido de Penélope de forma permanente y los costes de adaptación de las nuevas estructuras directivas son prolongados en el tiempo y, en ocasiones, ni siquiera se logran alcanzar en el transcurso del mandato. Muchos directivos públicos en España son nombrados sin conocimientos ni competencias propias para desarrollar sus funciones, con el único aval de la “confianza”. Pero lo peor es que cuando cesan en sus puestos de trabajo pocos, muy pocos, han llevado a cabo una gestión de éxito y también pocos son los que han desarrollado competencias profesionales que se valoren en el mercado. Y, con los sucesivos cambios, vuelta a empezar. El proceso se parece mucho a la “reinvención permanente del agua caliente”, sin embargo el problema es la elevada factura política y económica que paga la sociedad.

Sin embargo, la política, la vieja política, se resiste tenazmente a dejar determinados espacios directivos en manos de profesionales de la dirección pública. Confunden y mezclan, de forma desordenada, política y gestión. Creen que hacer política es únicamente rodearse de halagadores, aduladores o, incluso “palmeros” y, en muchos casos extremos, “beneficiar a los nuestros”. Orillan el sentido de responsabilidad que debe impregnar el gobernar una institución (que es de todos y para todos) con la pobre concepción de que las instituciones están para ser “ocupadas por los nuestros” y, a ser posible, repartir prebendas. Y cuando el pensamiento institucional es débil, tal como recordaba Heclo, la pérdida de legitimidad en las instituciones por parte de la ciudadanía crece exponencialmente. No se sorprendan, por tanto, de que la tercera preocupación de los ciudadanos españoles, tras el paro y la situación económica, sean los partidos políticos.

Con ese contexto de baja cultura institucional no cabe llamarse a engaño: la dirección pública profesional -y es algo que he comprobado empíricamente en innumerables ocasiones- no tiene ningún predicamento entre “la vieja política”. ¿Cabe, por tanto, “tirar la toalla” y reconocer que la institucionalización de ese espacio directivo profesional es inviable en este país?

Decididamente, no. En un marco de crisis fiscal de la gravedad y magnitud como la que estamos padeciendo, las instituciones juegan un papel de primer orden e importancia para sentar las bases de desarrollo económico y social. El Informe “Everis-Transforma España”, lo recordaba no hace mucho. La política, la nueva o renovada política, debe comprender que, para salir adelante en los innumerables retos que se le plantean, necesita encarecidamente de unas estructuras de directivos profesionales que sean capaces de impulsar un amplio catálogo de reformas estructurales y de medidas de innovación. Esas estructuras directivas deben asentarse en los principios de concurrencia, competencia profesional y responsabilidad por la gestión. El sector público, más aún en estos momentos críticos, necesita estar dirigido por políticos responsables, por directivos públicos profesionales que hagan de la excelencia su guía de actuación y por empleados públicos competentes, dotados de alto sentido de pertenencia institucional.

Y para lograr ese cambio de escenario hace falta –tal como decía Nye- un liderazgo contextual evidente, más necesario aún en tiempos de crisis e incertidumbre. Se requieren unos políticos con visión estratégica y con elevado sentido institucional. Hay que apostar –como señalaran Recoder y Joly- por una nueva forma de hacer política que busque el alineamiento estratégico entre la política y la dirección ejecutiva. El directivo público no tiene que ser “de los nuestros”, sino participar con sus herramientas profesionales y con lealtad institucional en “un proyecto de gobierno”. Hay que arrumbar los viejos vicios y patologías que anidan en nuestro sector público, reforzar los valores públicos y la ética pública. Y esta es una tarea hercúlea y de largo recorrido. Pero hay que empezar a andar algún día y, cuanto antes mejor. El tiempo juega en contra.

No deja de producir cierto sonrojo que en la segunda década del siglo xxi, un país que se dice desarrollado como es España continúe atrapado en el bucle del clientelismo y la sociedad del favor. Hace ya casi dos décadas, Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, contraponía el desarrollo institucional de Inglaterra con el existente en España, denunciado que en este país a diferencia de aquel las relaciones personales siguieron siendo la clave de gran parte del intercambio político y económico. Hoy en día las instituciones son fundamentales para imprimir confianza y sentar las bases de un cambio real y no aparente. La dirección pública profesional tiene objetivamente un amplio recorrido en España siempre que la política sea capaz de captar su valor añadido, salvo que “la vieja política” se encastille –algo que no cabe descartar en absoluto- y que el país vaya descendiendo paulatinamente escalones en los ranking anuales de desarrollo hasta acabar hundidos, más tarde o más temprano, en el infierno de la  insignificancia.  Si esto ocurre, si arruinan nuestro futuro y el de las generaciones venideras, alguien –la “vieja política” y quienes la representan- deberá responder por ello.

____________________________________________________________

Rafael Jiménez Asensio es socio-director de Estudi Consultoria Sector Públic y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (rafael.jimenez@estudiconsultoria.com).

Fuente: http://www.esade.edu

Anuncios