Publicado en The Clinic, por Jorge Navarrete P. 27.03.08.

Existen más de dos millones de ciudadanos que no están inscritos en los registros electorales. Dos milllones de personas que pese a cumplir con los requisitos constitucionales están, en los hechos, inhabilitadas para sufragar en las próximas elecciones municipales, como también en las parlamentarias y presidenciales de 2009.

Que no puedan emitir su voto, no significa que no manifiesten su opinión política. De hecho, la movilización estudiantil con que debutó este gobierno es un buen ejemplo de cómo no siempre es necesario un lápiz para cambiar un determinado estado de cosas. De igual manera, existe un tremendo potencial en todo el movimiento de blogs, fotologs y foros que se multiplican en Internet. Sin embargo, sus protagonistas no han sabido darle todavía una significación política relevante a ese fenómeno.

Así las cosas, la clase política respira aliviada. Van casi dos décadas de elecciones sucesivas, en las que el padrón electoral y sus votantes han sido objetos de detallados estudios. Con más o menos matices, la conclusión de los expertos es la misma: el grueso de la masa electoral está congelada en sus preferencias y la incertidumbre sólo se reserva para una pequeña porción, que representa menos del 10% de los ciudadanos habilitados para votar. Para decirlo de otra forma, cualquiera sea el desempeño de las dos coaliciones dominantes, la próxima elección presidencial no se ganará por un margen mayor al de 300 mil votos.

Puestas así las cosas, resulta evidente el motivo que tiene la clase política para no querer modificar las reglas del juego: nadie puede preveer el resultado político de inyectar dos millones de nuevas preferencias en nuestra masa electoral. Lo único cierto es que ganaría nuestra democracia al promoverse una mayor participación política. Como es obvio, se trata de una cuestión de principios; pero, hoy por hoy, ¿cuánto pesan los principios en la actividad política?

Sebastián Piñera, uno de los autodenominados promotores de la inscripción automática, por ejemplo, se ha negado persistentemente a permitir el voto de los chilenos que viven en el extranjero. Con excusas absurdas, intenta disfrazar lo que en el fondo es una convicción electoral: los dos millones de posibles nuevos inscritos son en su mayoría jóvenes que sienten que no le deben nada a esta democracia; como hijos de ella, no se hacen cargo de las querellas y responsabilidades del pasado, y todo lo que hoy disfrutan (como la posibilidad de leer un diario como The Clinic) les parece un estado natural de cosas, por el cual no se auto asignan ninguna obligación correlativa. De esta forma, supone el candidato de la derecha, se trata de personas que no tendrían trabas para adherir a un proyecto cuyas promesas de futuro intentan esconder el lastre de su pasado.

En cambio, es previsible que los chilenos en el extranjero o su descendencia  –se calcula que no más de quinientos mil potenciales electores—  tendrían presente el recuerdo de la dictadura a la hora de emitir sus preferencias. Por lo mismo, se trataría de personas inclinadas a una mayor condescendencia con una coalición de gobierno que suple los hierros de hoy con las jinetas del ayer.
Volvamos a “los principios”. Existe una máxima que se refiere tanto a lo público como a lo privado, a la política como al mercado, y que consiste en que la mayor competencia redunda en mejor calidad. De esta manera, el itinerario de las reformas políticas parece claro: modificar el sistema binominal, para terminar con la exclusión; permitir que se postulen más candidatos que los cupos que efectivamente se promueven; tener primarias obligatorias, para que los ciudadanos incidan en la nominación de los candidatos; financiamiento adecuado de la política, para relativizar el poder del dinero; ampliar al máximo el universo de los electores, a través de la inscripción automática y el voto de los chilenos en el exterior.

Este elenco de medidas, en su conjunto, no satisface los intereses de la Concertación, como tampoco de la Alianza. No he conocido ninguna experiencia de reforma política sustantiva que haya sido promovida y aprobada por los propios incumbentes. Son muchos años, son demasiados intereses y, mal que mal, insisto, ¿alguien podría sostener que la mayoría de nuestros políticos actúa por principios?

Vía: www.theclinic.cl

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