Publicado en El Mundo por Bernard-Henri Lévy*. 08.12.2007.

Conozco El Caguán, esa zona de Colombia en la que Ingrid Betancourt fue capturada, hace ya casi seis años, y donde se encuentra secuestrada en condiciones abominables. También conozco a Iván Ríos y a Joaquín Gómez, los jefes marxisto—mafiosos de las FARC, a los que, poco antes de su captura, había ido a entrevistar a su feudo, primero para Le Monde y, después, para mi libro sobre «las guerras olvidadas».

Tras haber pasado algún tiempo con estos auténticos secuestradores y falsos revolucionarios, tras haberme molestado en escuchar el discurso a la vez demente y, como suele ser habitual, de una lógica implacable y heladora de estos comunistas estilo escuadrones de la muerte, me perece tener una idea más o menos clara de aquello en que podría consistir el intento de la última oportunidad de liberar a Ingrid Betancourt.

Porque, en el fondo, ¿qué quieren las FARC? Está claro que no quieren dinero. Son los primeros productores de coca del mundo y los proveedores de heroína de la mayoría de los camellos de Europa y de Estados Unidos. Es, pues, la guerrilla más rica del planeta. Más rica, en cierto sentido, que el propio Estado colombiano.

Tampoco quieren ese «intercambio humanitario» al que, desde hace años, no cesan de añadir nuevas condiciones. El presidente Uribe liberó, el pasado mes de junio, a cerca de 200 guerrilleros. Y lo hizo unilateralmente, con coraje, sin condiciones. Pues bien, su gesto no tuvo efecto alguno. Más aún, los propios liberados acogieron su puesta en libertad de mala gana, al menos de boquilla, y sólo tras haberse asegurado que eso era lo que querían y habían decidido sus jefes.

No creo que sea tampoco cierto que les importe tanto como se dice esa famosa zona desmilitarizada que Uribe, con toda la razón del mundo, les niega. Porque, ¿de qué se trata en realidad? ¿De los 800 kilómetros cuadrados de los municipios de Florida y de Pradera? ¿De los 180 kilómetros cuadrados de El Retiro, que es la zona que evocan otras fuentes? ¿Y para qué serviría, en cualquier caso, cuando la guerrilla controla gran parte de El Caguán, una región tan vasta como Suiza, y que ya fue desmilitarizada, hace nueve años, por Pastrana, el predecesor de Uribe?

No. Lo que realmente quieren las FARC, el leitmotiv que surge, una y otra vez, en sus comunicados, lo que me dijeron a mí, entonces, y lo que me sorprende que algunos se obstinen en no entender, es algo más extraño, más esencial y más sencillo a la vez. El auténtico fondo de su demanda, habría que decir mejor de su obsesión, es el siguiente: «Queremos ser considerados como beligerantes, auténticos beligerantes, y no sólo como bandidos (tal y como los califica, con toda razón, la prensa) o como terroristas (como los catalogan, también con justicia, las listas negras del Departamento de Estado)».

Pues bien, examinadas todas las variables, me parece que esta demanda es asumible. Creo que la Colombia que conocí y que coloqué —junto a Angola, Sudán, Burundi y Sri Lanka— en mi serie de «las guerras olvidadas» es, efectivamente, un país en guerra en el que las partes enfrentadas son pues, en sentido estricto, partes beligerantes.

Me siento, pues, tentado de decir que, si ésa es la condición para que sean liberados cientos de rehenes que se pudren con Ingrid Betancourt en la jungla, si la exigencia de los asesinos es ser reconocidos como combatientes de una guerra sin nombre, quizás haya que concedérsela.

Sé que, al hacer esto, algunos temen dotar a los verdugos de una legitimidad evidentemente indebida. Y todavía oigo al presidente Pastrana decirme, en su oficina de Bogotá bunquerizada, que «el Estado se deshonraría», concediendo ese «estatus» a asesinos de crímenes abominables.

Puede que sí. Pero, ¿qué hacer, si la única solución es ésa, una vez más? ¿Hay que sacrificar, como lo hicieron antaño los italianos en el caso de Aldo Moro, en aras del «honor del Estado» la vida de una combatiente de la libertad y de sus compañeros de cautividad? Si la solución de todo esto reside en una palabra que, además es exacta, ¿no vale la pena intentar, sólo intentar, pronunciarla?

En lo que al beneficio que sacarían los interesados se refiere, seamos honestos. ¿Sería, ahora, mucho más importante que en la época en que veía al alto comisario para la paz del Estado colombiano, Camilo Gómez, pasar la mayoría de su tiempo, en el campo de Los Pozos, hablando y negociando con los asesinos?

En definitiva, ésta es mi propuesta. Que un mediador, un auténtico mediador (por lo tanto no Hugo Chávez, por definición) vaya de inmediato a El Caguán. Que consiga que, entre Marulanda y Uribe, sea pronunciada y asumida la palabra que tanto le interesa al primero. Y que, en el espacio del diálogo así abierto, se negocie el tránsfert (intercambio) de los prisioneros, al que, en principio, ninguna de las dos partes parece oponerse.

De esta forma, cada cual se vería entre la espada y la pared. Por vez primera, cada cual se vería confrontado a su verdad. La verdad de sus cálculos y la de sus crímenes. Porque decir «guerra» es decir, también, «leyes de la guerra», o sea, la prohibición de desapariciones forzadas, del reclutamiento de niños soldados o, naturalmente, de toma de rehenes.

¿Guerra? ¿Ha dicho usted guerra? Pues sí, guerra. Y en la guerra como en la guerra. La ventaja es para el que tiene la mejor estrategia.

*Escritor y filósofo. Está considerado como uno de los intelectuales más influyentes de Francia.

Vía: www.elmundo.es

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