Documento propone cambiar los estatutos de universidades estatales y que el Estado tenga más control de las instituciones.

Las universidades estatales se sienten los “patitos feos” del sistema de educación superior. Se quejan de que las nueve universidades privadas del Consejo de Rectores (como la Universidad Católica y la Católica de Valparaíso) -a diferencia de ellas- no son sometidas a la fiscalización de la Contraloría, no deben pagar millonarias indemnizaciones de funcionarios, y operan casi como empresas, con lo que obtienen beneficiosas entradas económicas.

Las 16 universidades del Estado deben luchar permanentemente con estas y otras trabas, por lo que el Consejo Asesor de Educación Superior -designado por la Presidenta Bachelet- buscó la solución a esta relación “desigual”.

El comité propuso en su informe de avance, entregado a la Mandataria hace dos semanas, que estas universidades cambien sus estatutos como parte de un nuevo trato del Estado con sus instituciones. Esto implicaría que el rector dejaría de tener la importancia que ostenta actualmente.

“Las instituciones estatales debieran darse a la tarea de reemplazar sus estatutos, haciendo así posible que coexistan la autonomía indispensable para el trabajo académico, con sus vínculos recíprocos con el Estado”, dice el documento.

El trueque consistiría en que el Estado ejercería un mayor control sobre ellas y les proveería financiamiento, mientras que las casas de estudio tendrían que cumplir objetivos de desempeño y serían sometidas a rendiciones de cuentas (accountability).

En palabras simples: si hasta ahora estas universidades se sentían atadas de manos para invertir porque tenían muchas restricciones -como por ejemplo, el que no puedan endeudarse para realizar proyectos más allá del período presidencial-, ahora el Estado sería más flexible en los pagos y les daría más recursos para que realicen los proyectos.

Esto no sería gratuito. A cambio, el Estado tendría más poder e injerencia en las instituciones.

Con esto, los rectores dejarían de ser los máximos jerarcas y los representantes designados por la Presidencia pasarían a tomar mayor control de las decisiones.

El rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Zolezzi, concuerda con la idea. Actualmente, su universidad está en proceso de cambio de estatutos. En el futuro, la junta directiva de la casa de estudios tendrá a dos de los seis representantes nominados por el Ejecutivo.

“No le tengo temor al control político”, asegura Zolezzi, quien sabe que con esto se acabará la proliferación de carreras y los rectores no tendrán la última palabra en los recintos.

“Las universidades estatales necesitan más recursos pero al mismo tiempo tienen que estar a la altura que son del Estado y que no se autogobiernan. No pueden hacer lo que quieran con la plata estatal”, dice un integrante del consejo asesor.

Actualmente, la Universidad de Chile es la única que ha completado la renovación de sus estatutos, pero habría que evaluar si se debe cambiar nuevamente el reglamento para darles más participación a los agentes designados por el Ejecutivo.

Afectados

JUAN ZOLEZZI
Rector Usach

“El Estado dicta una serie de normas y al aparato centralizado le entrega los recursos para cumplirlas, pero a las universidades no se los da, con lo que daña cada vez más su patrimonio”.

RAÚL NAVARRO
Rector UMCE

“Lo importante es que las universidades tengan su propio proyecto y que, a su vez, éste sea controlado, pero que tengan los recursos para financiarlos”.

Vía: www.elmercurio.com

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