1 Los derechos de los individuos, de los pueblos, de la humanidad

Me ha parecido que sería interesante conocer mejor la historia de la soberanía popular y de los derechos de la humanidad. Para ofrecer un rápido esbozo, recordemos que esas nociones fueron reelaboradas en un momento de giro histórico significativo, conocido de dos maneras distintas: como “descubrimiento de América” por los conquistadores y como “destrucción de las Indias”, según lo bautizara con precisión Bartolomé de Las Casas.

Los crímenes cometidos en América: pillajes, violaciones, violencias, expropiación de los pueblos “indios”, esclavización de esos mismos “indios”, destrucción de sus sociedades hasta el exterminio, deportación de cautivos africanos esclavizados a las plantaciones de América; todos esos crímenes fueron calificados, desde el momento mismo en que fueron perpetrados, como crímenes contra los derechos de la humanidad, según puede leerse en los textos de la Escuela de Salamanca.

Para resumir la labor de esa Escuela de Salamanca, precisemos que los creadores de esta filosofía del derecho natural moderno se esforzaron en pensar de consuno tres niveles de derechos de la humanidad que no pueden separarse ni oponerse entre sí, sin engendrar grandes desdichas. Se trata de los derechos individuales, de los derechos de los pueblos y de los derechos de la humanidad misma.

Sin posibilidad de entrar aquí en detalles que, sin embargo, son esenciales, recordemos que las violencias ejercidas contra los “indios” llevaron a repensar la humanidad, definida hasta entonces de acuerdo con la pertenencia a un grupo, por razones de religión común (Iglesia católica, por ejemplo, y tras), o por un rasgo cultural, o por una lengua. Con la Escuela de Salamanca, la humanidad se define sencillamente, si así puede decirse, como pertenencia al género humano: la humanidad es una y no está dividida ni jerarquizada en amos y esclavos, en dominadores y dominados, en opresores y oprimidos.

Por otra parte, se afirma que esa humanidad tiene derechos que le son propios, que son propiedad suya, y que el primero de esos derechos es el de nacer libres y seguir siéndolo. ¡Menudo paso hacia delante!

Las Casas y Vitoria han defendido los derechos de los pueblos “indios” a su territorio, a su existencia en tanto que pueblos que forman sociedades y, por consiguiente, han criticado y deslegitimado las políticas de conquista y de colonización de las potencias europeas.

Al hacerlo, forjaron el punto de partida de una cosmopolítica de la libertad de los pueblos contra las potencias conquistadoras, a su vez practicantes de una cosmopolítica de la opresión. Y ese punto de partida, aun habiendo caído en el olvido, sigue resultándonos precioso, porque las políticas de potencia siguen existiendo, revestidas con formas nuevas de economías de la dominación, de la omnipotencia del capital financiero y de otras cosas que solemos llamar “imperialismo”, “globalización”, “economía de libre mercado”, etc.

En el siglo XVIII, Rousseau y, luego, Robespierre dieron nombre a esa lucha terrible entre dos concepciones de lo que ellos llamaban “la economía pública”, oponiendo “la economía política tiránica” a “la economía política popular”. (Rousseau, Sur l’economie politique, 1755; Robespierre, “Discurso del 10 de mayo de 1793 a la Convención”, Sur la constitution).

Pero la Escuela de Salamanca concibió además una teoría de la acción política que imponía como deber a los gobiernos la protección de los derechos naturales de los individuos –nacer libre y seguir siéndolo—, los derechos naturales de los pueblos –derecho a su territorio y a su existencia en tanto que sociedad política—; y, en fin, los derechos naturales de la humanidad toda, y no los intereses de una de sus partes. Esa teoría de la acción política se acompañaba con el derecho más justo que jamás haya sido concebido, el de “resistencia a la opresión”, derecho natural por excelencia que no puede pensarse sino como un derecho natural vinculado a la persona humana.

El derecho es aquí concebido como una propiedad del ser humano, una propiedad de todo ser humano, lo que significa que es recíproco: si uno lo posee, el otro también. Se trata, pues, de un derecho individual y universal a la vez, de un derecho y de un deber, sin duda, puesto que es preciso respetar el derecho del otro. Así pues, las relaciones sociales son cabalmente tenidas en cuenta: ya se ve que estamos lejos aquí de una concepción de los derechos puramente individuales, sin vínculos entre esos derechos y las relaciones sociales. (Dicho sea de paso, parece muy difícil concebir una “sociedad” sin relaciones sociales. Y no se ve cómo habría que entender, en sociedad, unos derechos puramente individuales sin reciprocidad.)

Ese derecho natural es concebido también como una propiedad colectiva, como un bien común, como una república, en tanto que derecho de los pueblos a su territorio y a su existencia como pueblo. Que el programa de la Escuela de Salamanca fracasó en el siglo XVI, es cosa harto sabida. Iba de la mano del proyecto de los humanistas españoles que, en 1542, lograron efímeramente obtener una legislación supresora de la esclavización de los “indios” en las colonias españolas. Sabemos que esa supresión fue rechazada por los colonos esclavistas de América. No había más que hablar: América sería, por el momento, conquistadora y esclavista, y acabó siéndolo. Libertad para los colonos, esclavitud para los oprimidos. Libertad y esclavitud coexistieron contra el programa de la Escuela de Salamanca, que consistía, precisamente, en suprimir la esclavitud: libertad o esclavitud.

Las ideas de esos humanistas españoles, sin embargo, se difundieron por toda Europa, y siguieron trabajando subterráneamente en la América esclava.

La guerras de religión en Europa, que fueron atroces, llevaron a añadir a los anteriores un nuevo derecho de la humanidad: el derecho a la libertad de conciencia. Y eso de la manera que sigue: ninguna iglesia, ninguna institución terrenal tiene derecho a dictar la conduta de un ser humano libre.

Tras las guerras de religión, un gran proceso de laicización vino a caracterizar el período moderno a partir del siglo XVI, con la autonomía de las facultades humanas respecto de la teología y el progreso de la filosofía crítica del derecho natural moderno.

Y a ese proceso esencial que es la laicización ha de añadirse el progreso de la galantería que, en España, en Italia, y luego en otras partes de Europa, dio a las relaciones entre los dos sexos un interés… ¡apasionante!

La galantería se presenta como una política de resolución pacífica de los conflictos entre los dos sexos. A la mujer se la considera portadora del principio de civilización, y en esa medida, el hombre debe aprender a respetarla. Las relaciones amorosas, el erotismo, se ponen en valor. La mixtura de ambos sexos se convierte en práctica social común. En la Francia del siglo XVII, por ejemplo, se dio un paso más, cuando los cartesianos abrieron sus debates científicos a las mujeres; y en el siglo XVIII, algunas academias se avilantaron a desarrollar campañas a favor de la admisión de mujeres en sus filas en calidad de miembros ordinarios.

La galantería acompañó la laicización de las relaciones entre los dos sexos revalorizando, mediante la mixtura, el erotismo, el placer, los juegos, los intercambios intelectuales y el amor, las artes y las ciencias: se desatanizó a la mujer, y la humanidad toda se libró del pecado original: suprimido Satán, ¿qué queda de las Iglesias?)

Que una sociedad llegara a deslegitimar violaciones y violencias en las relaciones entre los sexos representaba, también aquí, un gran paso hacia delante. Y hay que observar la profunda regresión que trató de imponer el siglo XIX con el olvido de la galantería como política. El romanticismo encerró el erotismo en las relaciones estrictamente personales: desquite de las Iglesias, que se libraron a la resatanización de la mujer.

Las revoluciones inglesa y holandesa del siglo XVII, seguidas del gran ciclo revolucionario de los siglos XVIII—XIX en ambos lados del Atlántico, pusieron en el orden del día la construcción de repúblicas democráticas. El pueblo holandés reclamó su independencia librando una guerra de liberación nacional contra la ocupación habsbúrguica. El principio de soberanía popular fue reivindicado por los levellers ingleses en su campaña por una Constitución democrática intencionadamente precedida de una declaración de derechos. Esa campaña fue violentamente rechazada por la aristocracia de la riqueza representada por el partido de Cromwell.

La Revolución francesa recogió la bandera de los levellers ingleses e irrumpió con una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que concentraba las aportaciones de la Escuela de Salamanca y las experiencias posteriores.

De Salamanca viene el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en derechos”. También el derecho de resistencia a la opresión que figura entre los derechos naturales, o el fin de la sociedad tal como lo define el artículo 2: “El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”.

Otros artículos de ese mismo texto recuperan las propuestas de los levellers, como la idea misma de una declaración de derechos y, luego, también, el artículo 3: “El principio de toda soberanía popular reside esencialmente en la Nación.” O el artículo 16: “La sociedad que no asegure las garantías de los derechos, ni determine la separación entre poderes, carece de Constitución”.

2 El desprecio al pueblo y el desprecio a la humanidad

Desde el mismo momento en que empezó a ponerse en práctica el principio de la soberanía popular, suscitó feroces resistencias por parte de los enemigos de la reciprocidad del derecho, que eran también los enemigos del pueblo en el sentido social del término: el pueblo menudo, los trabajadores, quienes viven por sus manos.

Durante la Revolución francesa, Marat había dado el hermoso título de Ami du Peuple a su diario. Robespierre fue considerado como el defensor de la “causa del pueblo”. ¡El mismo odio de clase les sigue persiguiendo a ambos pasados dos siglos! Y podrían encontrarse otros ejemplos en el mundo…

¡Los principios de la democracia que fueron inventados en 1792—94 han sido llamados por la historiografía dominante “el Terror”!

Terror. Palabras que matan ideas. Detengámonos un momento en esa palabra.

Una corriente historiográfica democrática se ha preguntado mucho por esta palabra, Terror, pegada a la primera experiencia de una democracia social que practicó la “economía política popular”. Pienso en Aulard, en Mathiez, en Faye.

Al estudiar la cuestión colonial durante la Revolución, descubrí una de las primeras apariciones de esa conexión –tan criminosa como curiosa— entre Terror y derechos del hombre. Los diputados del partido esclavista escribieron a sus comitentes, en enero de 1790, que la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que afirmaba que “los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en derechos”, era “el terror de las colonias”.

¡Iluminadora conexión! Para la contrarrevolución colonial esclavista, era imprescindible desembarazarse de la Declaración de derechos. Y, aliada a otras corrientes contrarrevolucionarias, lo consiguió: porque el texto, y la idea misma de una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, desapareció del derecho constitucional en Francia entre 1795 y 1946. No fue sino a la salida de una terrible guerra mundial contra el nazismo que el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue reintegrada al derecho constitucional francés. Y de momento, aún lo está…

Durante la Revolución, y a lo largo de todo el siglo XIX, el miedo de los propietarios a la democracia y a la soberanía popular se expresaba con el término “anarquía”. No fue hasta el siglo XX que se empleó el término peyorativo de “dictadura”, pesadamente cargado en esa época por los marxismos y los fascismos.

También la soberanía del pueblo da miedo. Los levellers ingleses del siglo XVII, como los demócratas franceses de 1792, fueron tachados de “extremismo” porque exigían la dificilísima –hay que decirlo— igualdad de derechos, y por consiguiente, el sufragio universal. La oposición Sieyès/Robespierre fue paradigmática. Desde que el movimiento popular se manifestó, y con harto estrépito, por cierto, con la inmensa jacquerie de julio de 1789, el lado derecho de la Asamblea constituyente trató de aniquilar los principios de la Declaración de derechos. Sieyès propuso una forma extremadamente complicada “de aristocracia de la riqueza”, con “ciudadanos activos”, los ricos, y “ciudadanos pasivos”, los pobres, privados de derechos políticos. Robespierre le opuso la cuestión central de la política y su propia concepción de la economía pública: ¿quién toma las decisiones? ¿Quién propone, debate, y finalmente, decide sobre las leyes? ¿Qué es una ley? ¿Hay que obedecerla cuando no se ha participado en su elaboración, ni se la he prestado consentimiento? La Declaración de derechos legitimaba el derecho de resistencia a la opresión, lo que incluía sin sombra de duda a las leyes contrarias a los derechos declarados.

Robespierre luchó contra esa desviación de los principios constitutivos de la Declaración de derechos explicando el fondo de la cuestión de la soberanía popular:

“¿Qué sería vuestra Declaración de derechos si esos decretos [propuestos por Sieyès] pudieran subsistir? Una fórmula vana. ¿Qué sería la nación? Esclava, pues la libertad consiste en obedecer a las leyes que nos damos, y la servidumbre, en ser constreñido a una voluntad ajena. ¿Qué sería vuestra constitución? Una verdadera aristocracia. Pues aristocracia es el estado en el que una porción de ciudadanos es soberana, y el resto, sujetos. ¡Y qué aristocracia! La más insoportable de todas, la de los Ricos.” (Abril de 1791)

Robespierre llama esclavitud política al hecho de verse privado del real ejercicio de la soberanía popular y de los derechos políticos de participación en las decisiones políticas.

3 ¿Hay que renunciar a la soberanía popular?

El problema entonces planteado, sigue hoy abierto, y por doquier: ¿Quién toma las decisiones políticas?

¿Una clase dominante? ¿Un partido único en el poder? ¿Un jefe que concentre en sus manos todo el poder de decisión? ¿Una comisión no elegida por nadie? ¿Unos gobiernos que no rinden cuentas?

En eso que ahora se llaman democracias, existen especialistas que, con juegos sutiles y estudiados, exploran todos las formas de poner sordina a la voz de los electores. El sufragio raramente es directo. Un sinnúmero de medios permiten desviar los millones de voces del pueblo para canalizarlas a través del sistema de los partidos políticos: dosificaciones en las formas electorales, divisiones por circunscripciones, y mil trucos periciales más que exigen años de estudios en ciencia política para aprender a burlar al pueblo. En pocas palabras, y generalizando: el mundo de las instituciones políticas está en manos de la clase dominante minoritaria y despótica. ¿Es que el pueblo se ha dejado desposeer?

Parece urgente que los pueblos se reapropien del “arte social”, del conocimiento de las instituciones y de la filosofía política. La política es un bien común del pueblo, y no debe abandonarse a los especialistas.

Por doquier se reproduce una y otra vez el desprecio del pueblo. El llano insulto de clase: “Nosotros somos la gente honrada, vosotros, la canalla, el populacho”, se repite. A la canalla se oponía en la Francia del siglo XVIII la gente honrada (las honnêtes gens). El ministri Sarkozy opuso recientemente las honnêtes gens, a las que habría que sumarse, a la racaille de las conurbaciones pobres.

Ségolène Royal, candidata del PS a la presidencia de la República en Francia atrajo el calificativo de “populista” porque se puso a escuchar ostensiblemente al pueblo, lo que parece haberle enseñado mucho ——¡tanto mejor!— sobre el estado de miseria que no deja de aumentar desde hace más de 20 años (desempleo en alarmante incremento, degradación de los salarios y las pensiones, pequeñas ayudas insuficientes para vivir, paupérrima condición de los sin papeles y los sin techo).

El miedo infundido por el “pueblo” y por la soberanía popular no ha retrocedido. ¡Hasta se ha pretendido suprimir el poco de soberanía popular que nos queda en los distintos países de Europa con el más que famoso Tratado Constitucional europeo, que cedía el poder de decisión a una Comisión europea, por lo mismo que no electa, archidespótica!

Y hay que saber que esa Comisión de Bruselas no está elegida, y que el Parlamento europeo, que sí lo está, carece de poder de decisión; sólo tiene poder consultivo, ¡como en la Francia del el antiguo régimen, cuando el rey gobernaba aconsejado!

La nueva ofensiva del capitalismo (en el sentido de Polanyi) que ha venido desarrollándose a escala mundial después de 1968 ha suscitado curiosos comentarios, en el sentido de que la hora de la política habría tocado a su fin; que los “Estados—nación” estarían superados; que la ciudadanía existiría en todas partes, salvo allá en dónde adquiere todo su sentido, es decir, en la política. El calificativo de ciudadano ha llegado a emplearse para cualquier cosa, menos para el ejercicio de la soberanía popular y la participación en la elaboración de leyes, cosas que se consideran obsoletas.

Respecto de los llamados “Estados—naciones”, debo decir que yo no sé de que se trata. El palabro irrumpió en los años 70 en la lengua francesa [lo mismo que en la lengua castellana], y se ha difundido ampliamente a partir de los años 90 gracias a los medios de comunicación que dominan el mundo.

En francés [lo mismo que en castellano], el término “Estado—nación” es una construcción incorrecta porque en nuestras lenguas debería decirse Estado nacional, y no Estado—nación. El término tiene una connotación peyorativa, porque viene a significar un Estado “nacionalista”. Ha sido prolijamente utilizado en Europa, a fin de preparar el terreno a la adopción de la Constitución europea finalmente rechazada por el sufragio francés y holandés en 2005.

Nos las tenemos que ver aquí con una espectacular ofensiva contra el principio, fundamental para cualquier democracia, de la soberanía popular (o nacional, que es lo mismo).

Es necesario redefinir los términos de que nos servimos; no hay que aceptar los conceptos vagarosos o engañosos que estorban al pensamiento.

Es hora de repensar, actualizándolos, los tres niveles de los derechos –derechos individuales, derechos de los pueblos y derechos de la humanidad toda—, para comprender cómo pueden funcionar de consuno, sin entrar en contradicción.

¿Por qué habría que suprimir la existencia de los pueblos, cuando algunos de ellos luchan contra una dominación o una ingerencia extranjera de tipo colonialista o imperialista? ¿Quién osará darnos a entender que la existencia de los pueblos ha sido superada por la actual ofensiva del sistema capitalista llamada “globalización”?

Buena cosa sería examinar seriamente si el “liberalismo”, el “libre cambio”, la “apertura de fronteras” a los capitales extranjeros y cosas por el estilo son útiles a los pueblos, o si lo son más bien a quienes se las imponen a los demás al propio tiempo que las rechazan para sí mismos.

Análogamente, antes de condenar el derecho de los pueblos a su existencia independiente, sería necesaria responder seriamente a la cuestión central de la política: ¿quién decide?; ¿quién legisla, y para quién? La soberanía popular, ¿es o no un principio obsoleto? La separación de los poderes legislativo y ejecutivo, ¿tiene sentido?; ¿qué sentido? ¿Puede o no el legislativo ser expresión de la consciencia de una sociedad? Si tal es el caso, parecería lo coherente que ese poder, y no el ejecutivo, fuera el poder supremo y tomara la forma de una asamblea de diputados elegidos por los ciudadanos y ante ellos responsables. En fin, ¿se necesitan una o varias asambleas legislativas? ¿Por qué habría que dividir el poder legislativo en varias cámaras? ¿No se corre así el riesgo de dividir la voluntad general? ¿Hay o no que dividirla? Y si se piensa que hay que dividirla, habría que dar las razones.

En lo que hace a los temores de deriva “nacionalista”, temores justificados en el pasado y sin duda de cara al futuro, si se toman en cuenta el pánico que provoca la actual ofensiva del sistema capitalista, no parece seria la conclusión de que con la supresión de las sociedades políticas particulares (llamadas Estados—naciones”) habría de avanzarse en la solución del problema. Más valdría formar alianzas entre los diferentes pueblos para resistir a los amenazantes peligros comunes y redefinir los derechos y los intereses comunes de la humanidad contra sus opresores. En una palabra: urge esforzarse en aclarar qué amenaza y optime los derechos de los individuos, de los pueblos y de la humanidad.

*Miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es catedrática de Historia de la Revolución Francesa en la Universidad de París VII (Jusieux). Traducción para www.sinpermiso.info: Antoni Domènech

Vía: www.sinpermiso.info

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