Hasta hace poco, Chile miraba desde cierta distancia al selecto club de los países desarrollados que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prestigiosa institución que promueve políticas para abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales de la globalización.

Nuestro país participa de ese organismo en calidad de observador desde 1997, pero el 16 de mayo de este año su estatus cambió, pues fue invitado a ser parte integrante de este exclusivo grupo, que reúne a 30 de las economías más estables del planeta.

En rigor, la invitación no significa que Chile ingrese de inmediato a la OCDE, pues previamente debe cumplir una serie de requisitos, lo que puede demandarle un par de años o, incluso, nunca llegar a concretarse. Pero el solo hecho de que la invitación fuera extendida fue recibido como un verdadero honor por las autoridades nacionales.

La invitación se realizó el último día de la reunión anual de la organización, en París, e incluyó también a otros cuatro países (Rusia, Israel, Eslovenia y Estonia) que deberán -al igual que Chile- negociar su adhesión. Además, la OCDE anunció la creación de un nuevo estatuto de cooperación reforzada “con vistas a una eventual adhesión” para otros cinco grandes países emergentes: Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica.

Desde entonces, Chile mira más de cerca a los miembros de este organismo y puede sentirse al mismo nivel que ellos, aunque al interior del país surjan voces que cuestionan sus reales méritos para estar a esa altura.

Si el ingreso de nuestro país se concreta, se transformará en la primera nación sudamericana y la segunda de América Latina en lograrlo, luego de que México consiguiera su entrada en 1994.

¿QUÉ ES LA OCDE?

El camino para Chile

Desde 2003 que Chile esperaba ser invitado a integrar la OCDE. Ese año, nuestro país presentó formalmente su candidatura. Las negociaciones se intensificaron el año pasado, con reuniones bilaterales entre el grupo interparlamentario chileno-francés, las que se repitieron en abril de este año, cuando los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS), Alejandro Sule (PRSD) y Guido Girardi (PPD) se reunieron en París con el embajador de Francia ante la OCDE.

También se efectuaron conversaciones entre personeros de Gobierno y representantes de los países miembros de la OCDE en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de este año, para que respaldaran la pretensión de Chile.

El ingreso a la OCDE debiera comenzar a discutirse el próximo año, extendiéndose la negociación por espacio de uno o dos años. México demoró un año y medio en ser incluido, y la última incorporación fue la de Eslovaquia en 2000.

En la Cancillería estiman que, de los cinco países que fueron invitados a adherirse, el nuestro podría ser el primero en lograrlo, puesto que tiene diez años como país observador, lo que le permitiría cumplir con gran parte de los requisitos. Lo anterior, porque el estatus de observador le ha permitido participar en grupos y comités de trabajo en las principales materias de interés de la OCDE, y ser objeto de varias evaluaciones en los ámbitos económico y medioambiental, entre otros.

Si consigue su objetivo, Chile se verá beneficiado en al menos tres ítems, según explica el director del Centro de Economía Internacional del Instituto Libertad y Desarrollo, Francisco Garcés, en un informe.

El economista señala como primer beneficio para Chile, el que podrá compararse “con otros miembros del organismo que forman parte del grupo de economías avanzadas, en lugar de cotejarse con los vecinos de Sudamérica, que constituyen eternas promesas de despegue económico que nunca se materializan”. Eso permitirá encontrar soluciones a problemas en materias de desarrollo económico y social que se produzcan en Chile, tomando como base las medidas que se han aplicado con éxito en otros países miembros de OCDE.

Otro beneficio sustantivo -agrega Garcés- es el análisis profundo que hace la OCDE de las políticas públicas y de la evolución de las principales variables económicas, como también de la competitividad en un ámbito global, a la luz de la teoría económica moderna. Los aciertos, errores y omisiones, en cuanto a políticas públicas económicas y sociales de Chile, serán analizadas más objetivamente por la OCDE en forma periódica, teniendo como referencia las políticas y estrategias exitosas de la mayor parte de sus miembros”.

Como tercera ventaja, Garcés destaca “el efecto de “consolidación” que aporta la pertenencia a la OCDE (…) La credibilidad de la información estadística económica y social, el análisis objetivo y moderno de nuestras instituciones y políticas públicas y el efecto de consolidación y sentido de dirección de esa institucionalidad y de esas políticas públicas, es importantísima para los inversionistas internos y externos, para los prestamistas nacionales e internacionales y para los agentes que comercian con Chile en cuanto a transparencia y limitación de riesgos”.

Las tareas pendientes

La OCDE es conocida como el “club de los países desarrollados” o “club de los países ricos”. Por eso, a muchos les extrañó que Chile, un país en desarrollo, con un Producto Interno Bruto per cápita (US$8.900) inferior al de los 30 países miembros, fuera invitado a integrarse al grupo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, reconoció a los medios de comunicación, al enterarse de la noticia, que a Chile le resta un largo camino para estar a la altura de los países que componen la OCDE. “Estamos a quince años de poder ser un país desarrollado”, reconoció el canciller, aunque destacó que los países miembros tienen una positiva imagen de nuestra nación. “Nos han evaluado año a año y esto es una señal de confianza en el país y de optimismo en el futuro de Chile”, precisó.

La OCDE fiscalizó el desempeño ambiental de Chile en un informe elaborado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este informe, que data de mayo de 2005, entrega 52 recomendaciones para ayudar a fortalecer el progreso ambiental de Chile en el contexto del desarrollo sustentable.
El estudio evalúa el avance logrado por nuestro país desde 1990 y el grado de cumplimiento de los objetivos nacionales y los compromisos internacionales en materia ambiental, concluyendo que “ha ejercido una considerable presión sobre algunos recursos naturales, sobre todo en los sectores de mayor auge como la minería, la silvicultura y la acuicultura”, lo cual debe entenderse “en el contexto de su veloz ritmo de desarrollo”.

Además de reconocer que tras el retorno a la democracia en 1990 se le ha dado un mayor énfasis a la protección ambiental, el informe indica que Chile debe estrechar la brecha respecto de los estándares ambientales de los países de la OCDE, “sobre todo en el contexto de los acuerdos de libre comercio y los tratados ambientales multilaterales”.

Para enfrentar estos desafíos, agrega el estudio, Chile tendrá que “aplicar sus políticas ambientales de forma cabal y eficiente; profundizar la integración de las consideraciones ambientales en las decisiones económicas, sociales y sectoriales; y fortalecer su cooperación ambiental internacional”.

Vía: www.bcn.cl 

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