Publicado en la Nación Argentina, artículo de opinión por Juan Cianciardo*

Se propone con una fuerza cada vez más intensa que el discurso ético debe ser admitido en una sociedad democrática sólo puertas adentro, como mera opinión o preferencia personal sin aspiración alguna de trascendencia política o social. Puertas afuera, toda convicción moral debe ocultarse púdicamente tras el velo de la neutralidad valorativa, bajo apercibimiento de ser condenado como políticamente incorrecto. Para esta visión, política y ética serían realidades independientes.

Si se tiene en cuenta nuestro carácter político, nuestra sociabilidad, la propuesta de una moral sólo privada acaba consintiendo la ética, siempre y cuando se la trivialice. Aunque las consecuencias negativas no son sólo para la ética, sino también para la política: al negarse la conexión entre una y otra, se acaba reemplazando la filosofía política por una ciencia política especializada, acumulativa y abstracta, incapaz de hacerse cargo de la realidad social. Por eso Leo Strauss denunciaba, hace ya años, que la filosofía política actual está en decadencia o en estado de putrefacción. Yendo más a fondo, lo que ha ocurrido es que, desde la modernidad, se ha negado su propia viabilidad como ciencia.

Al desconectarse la política de la ética se reduce la realidad política a uno de sus aspectos, el cuantificable, y se niega la posibilidad de conocer y juzgar los aspectos restantes. La acción política queda así segmentada, inconexa, y no resulta posible respecto de ella ningún juicio moral y tampoco, en consecuencia, ningún juicio global, comprehensivo de esa realidad compleja. La política del bien común da paso a relaciones de poder ciegas, sometidas a la dinámica disyuntivista del amigo—enemigo, sin límites pero también sin orientación. Política y violencia se distinguen sólo por el hecho de que la primera respeta determinado procedimiento, el procedimiento democrático. Y al fin y al cabo, reductio ad hitlerum mediante, tampoco la democracia garantizará la no violencia.

Por otro lado, si a la ética se le niega estatuto científico, entonces parece no tener sentido hablar de ética de los funcionarios. No era así para los clásicos: en el planteamiento platónico de Las leyes , por ejemplo, se distingue dentro de la polis entre ciudadanos justos e injustos, y se ofrece como modelo de funcionario al juez que busca no el enfrentamiento entre unos y otros, sino la reconciliación, procurando que los malos depongan su actitud y se reconcilien con el bien. Para la filosofía clásica, hablar de ética del funcionario implicaba hablar de bien común, de amistad, de concordia. En nuestros días, en cambio, la ética del funcionario es deontología, un conjunto de normas que se limitan a indicar prohibiciones, una moral mostrenca e inhumana, lejana de los problemas cotidianos, sin pista alguna acerca de lo que el funcionario debe buscar, de cuál es el obrar bueno. Provoca un mezcla de vergüenza y de pavor que la ética funcionarial se reduzca a una enumeración monótona e inútil de las conductas corruptas. Por este camino, para la acción política no hay más guía que la pura discrecionalidad irracional, intento de salida de una perplejidad agobiante y frustrante.

No podemos conformarnos con una ética pública de mínimos. Urge un retorno a los ideales nobles de la política clásica: una política del bien común, que discuta acerca de la perfección personal, de la felicidad y de los medios que a ella conducen, y que aspire a proporcionarlos.

*El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Vía: www.lanacion.com.ar 

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