Hace cuatro meses se envió al Congreso una reforma para reforzar función contralora y quitarle facultades secundarias.

Junto con la ratificación de Ramiro Mendoza como nuevo contralor general, el Senado suscribió el miércoles último un acuerdo político para asegurar la modernización de la Contraloría General de la República.

Para cumplir con ese propósito, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia elabora el proyecto de ley respectivo. Su titular, José Antonio Viera-Gallo, se reunió con la Comisión de Constitución de la Cámara; dialogó con diputados de la Alianza (Cristián Monckeberg, Alberto Cardemil y Edmundo Eluchans) y recibió una propuesta de Sebastián Piñera.

Sin embargo, el proyecto en elaboración no será el único sobre el cual tendrá que pronunciarse el Congreso. El 12 de diciembre del 2006 el Gobierno envió a la Cámara una propuesta de reforma constitucional sobre “Transparencia, modernización del Estado y calidad de la política”, que destina un capítulo completo a la Contraloría.

No obstante haber transcurrido cuatro meses, el tema aún no ha sido analizado por la Comisión de Constitución. Sus integrantes son partidarios de esperar la nueva propuesta.

El proyecto que está en la Cámara le quita a la Contraloría algunas atribuciones que no están en la médula de su labor, a la vez que fortalece su rol central.

La reforma eleva a rango constitucional la función de auditoría externa, que dentro del Estado es una tarea privativa de la Contraloría.

Mediante ese mecanismo la institución controla los actos de la administración, fiscaliza el uso de los recursos, examina las operaciones que realiza y formula proposiciones para subsanar los vacíos que se detectan.

Actualmente la auditoría externa no tiene reconocimiento constitucional. Hasta el 2002 tampoco estaba reglada en la ley orgánica de la Contraloría.

Paralelamente, la reforma amplía los sujetos susceptibles de control. Hoy sólo se fiscaliza al fisco, a las municipalidades y a algunos servicios determinados por ley. La propuesta extiende esa facultad a las empresas del Estado -no a todas, sino sólo a aquellas que no sean sociedades anónimas- y a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciben fondos fiscales.

Entre las facultades que se le suprimen a la Contraloría figura la de llevar la contabilidad general de la nación. Esa tarea será traspasada a un servicio público autónomo que se creará para este efecto.

Constitucionalmente la Contraloría es la encargada de examinar y de juzgar las cuentas de las personas que tienen a su cargo recursos públicos. La reforma propone que siga encargada del examen y de la acusación, pero que la función de tribunal de cuentas se entregue por ley a otra entidad. Según el Gobierno, el organismo idóneo es el Tribunal de la Contratación Pública, órgano especializado en asuntos contencioso-administrativos que surgen durante la etapa de la preparación de los contratos administrativos.

Vía: www.elmercurio.com

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