Santiago, Chile. Para conocer el patrimonio e intereses de las altas autoridades no habrá que ir a la Contraloría, sino que estará en internet.
Se difundirá el lobby sobre las autoridades y se trabaja en un código de ética para los funcionarios públicos.

Las declaraciones de patrimonio de las autoridades van a estar este año en los sitios web de sus respectivas reparticiones y la gente va a poder opinar sobre las iniciativas gubernamentales a través de ventanas de participación interactiva puestas a su disposición también en internet.

También los ciudadanos verificarán en la red si los funcionarios públicos están siendo objeto de lobby porque se difundirán las reuniones, los interlocutores y los temas abordados.

Todo ello es parte de las nuevas obligaciones que impondrá el nuevo instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información del Estado que está próximo a distribuirse en los servicios estatales.

Así lo adelantó a este diario el secretario ejecutivo de la agenda gubernamental de transparencia y probidad, el abogado y académico Rafael Blanco, quien además certificó el pleno cumplimiento del instructivo presidencial anterior, que tenía fecha límite el 31 de marzo.

Dicho instructivo dispuso que los veinte ministerios y 240 reparticiones públicas habilitaran en sus sitios web un banner llamado “gobierno transparente”, mediante el cual se puede acceder a información sobre adquisición y contrataciones de bienes y servicios, las dotaciones de personal (de planta, a contrata y honorarios), transferencias de fondos a personas jurídicas y los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.

“Todos los servicios cumplieron y ya está disponible la información del 2006 y 2007. Nunca antes ningún otro gobierno en la historia de Chile había puesto a disposición de la ciudadanía en forma directa tal cantidad y calidad de información. Esto ayudará como un factor inhibidor de conductas y a reducir significativamente la arbitrariedad en las autoridades públicas, lo que constituye un poderoso antídoto para combatir la corrupción”, enfatiza Rafael Blanco.

Hace hincapié, además, en que ha habido investigaciones de prensa que han utilizado la información de “gobierno transparente” para fundamentar denuncias de irregularidades, al igual que partidos opositores o centros de estudios políticos. “Esto merece ser destacado porque todo gobierno que da pasos relevantes en materia de transparencia se expone a ser más fiscalizado”, indicó.

Nuevo instructivo

Cumplido este primer instructivo, el encargado de la agenda de probidad anticipa que “está a las puertas del horno” una nueva circular presidencial que profundiza las medidas de transparencia activa a nivel del Poder Ejecutivo.

Blanco precisa que este instructivo obligará a poner en los respectivos sitios web institucionales las declaraciones de patrimonio e intereses de las altas autoridades, vale decir ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis y jefes de servicio.

Hasta ahora dicha información tiene carácter público, pero para hacer eso efectivo hay que ir a pedirla a la Contraloría General de la República. Una vez en vigencia el instructivo, todos los chilenos podrán acceder a ella desde un computador.

“De esa forma se podrán fiscalizar los conflictos de interés que puedan producirse eventualmente entre quienes toman decisiones”, sostuvo Blanco.

Un segundo aspecto que incluirá el instructivo presidencial serán las “minutas de posición de políticas públicas”, que es la apertura de canales para que los ciudadanos puedan entregar puntos de vista, críticas o sugerencias frente a las diversas iniciativas que llevan adelante los servicios estatales.

Blanco señala que tales mecanismos existen en otros países y se conocen como “green papers”, que en Chile podrían replicarse mediante la habilitación de ventanas interactivas en los sitios web de los respectivos ministerios y reparticiones.

El secretario ejecutivo de la agenda de probidad está trabajando con la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno para definir una metodología que facilite esta medida, que podría hacerse a través de preguntas específicas relevantes en cada tema.

Y en tercer lugar la circular de La Moneda intentará regular las acciones de lobby sobre los funcionarios públicos. Para esos efectos se instruirá a los ministerios para que difundan una agenda donde se informe de las personas que han concurrido allí en representación de intereses particulares, se expliciten los asuntos tratados y el funcionario que los recibió.

De esta forma, la Presidencia busca adelantarse a la normativa legal que regulará el lobby, que se viene tramitando hace años en el Congreso y que se espera vea la luz este 2007.

Buenas prácticas

Otra línea de trabajo que está llevando adelante el encargado de la agenda es la detección de buenas prácticas en materia de transparencia y probidad, que serán seleccionadas por un jurado con el fin de replicarlas en el resto de la administración pública mediante la distribución de un manual que contribuya a mejorar los sistemas de gestión de los diversos servicios.

El jurado encargado de evaluar y elegir las mejores prácticas lo integran especialistas y profesionales que han enfocado su actividad en los temas de transparencia y probidad como Juan Pablo Olmedo, de Pro-Acceso; Andrea Sanhueza, de Participa; Lucas Sierra, del Centro de Estudios Públicos; Edgardo Boeninger, de Transparencia Chile, y Claudio Fuentes, de Flacso.

Tras oficiar a los veinte ministerios y 240 servicios estatales para que postulen y promuevan sus buenas prácticas, Blanco especificó que se privilegiarán aquellas que puedan ser replicables, que tengan continuidad, registren real impacto y bajos costos de aplicación.

Advirtió que “sin ánimo de influir en el jurado”, la Superintendencia de Salud y la Subsecretaría de Telecomunicaciones registran una labor proactiva en materia de transparencia y probidad a su juicio sobresaliente y así lo acreditarían la calidad de sus sitios web institucionales.

Código de ética

Finalmente, el gerente de la agenda de probidad informó que, junto al manual que recogerá y difundirá las buenas prácticas, se está trabajando en la elaboración de un Código de Ética Pública y un programa de capacitación de funcionarios estatales en temas de probidad.

El propósito es que un código de normas y cursos de inducción permitan a los funcionarios tener claridad sobre los criterios, interpretaciones y estándares que deben observar frente a situaciones como recibir invitaciones de particulares, regalos, viajes pagados, etc.

El proceso de recopilar y sistematizar todas las normas sobre ética pública que están dispersas en instructivos y leyes lo lleva a cabo un grupo de trabajo que integran la Secretaría General de la Presidencia, el Consejo de Auditoría General de Gobierno y la Dirección del Servicio Civil, además del secretario ejecutivo de la agenda de probidad.

Para la capacitación de empleados estatales en estos temas se cuenta con la asesoría de la oficina del gobierno estadounidense que vela por la ética funcionaria (US Office of Government Ethics), que ha enviado interesante material sobre sus programas de formación.

Lea información completa vía El Mercurio.

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