por Carlos Martínez y Antonio Lafuente. El País. 17/03/07.

En las sociedades desarrolladas, la ciencia se ha convertido en un elemento tan importante como el aire que respiramos y ambos, una y otro, sólo son sostenibles con la complicidad y el esfuerzo de la ciudadanía. Por eso resulta oportuno dedicar un año a la ciencia, para que todos, del Gobierno a los ciudadanos, pasando por los centros públicos de investigación, las comunidades autónomas, sindicatos, empresarios y medios de comunicación, tengan ocasión de dialogar y construir así un compromiso público.

La ciencia conserva todavía el aura de haber convertido el desinterés, el cosmopolitismo, el comunitarismo y el escepticismo en sus señas de identidad. Y así confiamos en los científicos no sólo por los descubrimientos que hacen, sino también por los valores que sostienen. La salud, la alimentación, el transporte, la energía, las comunicaciones y el medioambiente son dimensiones de la vida que están en el ámbito de competencia de los científicos. Es obvio que cualquier actuación sobre estos sectores tiene repercusiones directas para los ciudadanos, ya sea porque influyen en la calidad de su vida cotidiana, ya sea porque su explotación, necesaria para la creación de riqueza, ha movilizado negocios orientados a la cuenta de resultados.

Cada día es más frecuente que los medios hablen de crisis como la de las vacas locas, los transgénicos, la capa de ozono, la lluvia ácida, los residuos radiactivos, los abusos con pesticidas, la contaminación atmosférica o el crecimiento de las enfermedades alérgicas o mentales. Por extensión, cada vez son mayores las dudas sobre lo que comemos, bebemos o respiramos y por eso parece existir un consenso de que nos enfrentamos a problemas que no pueden ser tratados sólo como asuntos científicos o administrativos. Además, a medida que se difumina la frontera entre lo público y lo privado, escasea la información cualificada a la que el ciudadano tiene acceso. Y es que, en efecto, a pesar de que es clave en nuestro mundo el papel del conocimiento, aún no se ha generalizado la exigencia de que la ciencia debe ser un bien de todos y, por tanto, debe ser accesible a todos los ciudadanos.

El problema del cambio climático es un buen ejemplo de lo que está pasando. Las batallas biomédicas contra el cáncer, comparten hoy protagonismo con un nuevo tipo de actores imprevisto: las imágenes helicoidales de la molécula de ADN han sido sustituidas por mapas del planeta que muestran con gradientes de color la variación de temperaturas. Antes se hablaba de genes y moléculas para anunciar promesas de curación, hoy se muestran glaciares y osos para hablar de urgencias, culpas y catástrofes. Las imágenes dejaron de ser abstractas y empiezan a ser reales. Las probetas han sido reemplazadas por satélites, las ciencias biológicas por las físicas, los fenómenos controlados en el ámbito restringido del laboratorio por experimentos planetarios en tiempo real en donde todos estamos insertos. Y si hoy es el clima, mañana será la energía, como ayer fue la alimentación.

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Las crisis medioambientales, alimentarias, sanitarias, urbanas o migratorias muestran el inadecuado tratamiento que reciben los bienes comunes: el aire, el agua, el paisaje, las calles, el conocimiento, el arte, el silencio, el genoma, los acuíferos o las especies, son bienes que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo, bienes que deberían, en consecuencia, integrar el procomún.

Los nuevos tiempos dominados por el conocimiento, la participación y la conciencia de riesgos globales, aconsejan cambiar de política o, quizá, reinventar la política. ¿Puede ser privatizada la función fotosintética, el ciclo de los nutrientes o la polinización de las plantas, como lo están siendo las semillas, los fondos oceánicos y los acuíferos? ¿No es parte de nuestra responsabilidad transmitir a nuestros hijos los dones de la naturaleza y la cultura? ¿No es nuestra responsabilidad reafirmar un compromiso con la defensa del bien común y de los nuevos patrimonios?

Los nuevos patrimonios tienen un componente científico indudable, además de dos características que los distinguen de los antiguos: son planetarios y sólo se hacen visibles cuando están amenazados. Defenderlos, implica inventariarlos y ponerlos en valor, lo que es tanto como socializarlos. No basta, sin embargo, con promover políticas de comunicación más o menos acertadas: hay que aprender a gestionarlos y, por tanto, necesitamos conocerlos a fondo. Para ello, más que intentar recluirlos en un museo que no podría contenerlos, hay que acudir a foros que nos ayuden a visualizar los riesgos hacia los que nos encaminamos si el procomún no es protegido. Para subrayar el valor de los nuevos patrimonios, necesitamos experimentar con los códigos que lo representan y así asomarnos a los abismos que pudieran derivarse de su manipulación irresponsable.

Nunca ha sido más claro el hilo que une ciencia, democracia y patrimonio. Nuestras sociedades se han hecho muy complejas y, al igual que serían inhabitables si no pudieran garantizar la pluralidad de culturas y sensibilidades, tampoco pueden sobrevivir sin que los debates públicos se resuelvan sobre fundamentos objetivos. La calidad y transparencia de la información circulante son, hoy más que nunca, una garantía de que podremos preservar los patrimonios en los que habitamos, empezando por la democracia y el conocimiento mismo, y continuando por la memoria, la lengua, los números, las calles y el folclore, por no volver a citar los dones heredados de la naturaleza.

La deriva internacionalista que dio el conocimiento hacia comienzos de siglo XX, debería prolongarse ahora con el de una cultura científica global. Para ello, debemos identificar nuevos espacios que no sean torres de marfil consagradas al conocimiento, sino lugares abiertos a los intercambios, con vocación de ágoras del procomún, capaces de dar digno acomodo a las personas e instituciones preocupadas por el medio ambiente, la salud, el saber o los espacios públicos. Un gran espacio, preferentemente un lugar de la memoria, para dar cobijo al procomún, instrumento innovador y representativo de la nueva res pública de los ciudadanos en la que se experimentaría con nuevas formas de hacer política y de hacer ciudad. En el procomún, al experimentar con los nuevos patrimonios y sugerir formas de gestionarlos, no es sólo un ámbito nuevo y necesario de participación, sino un instrumento clave para la gobernanza.

Se trata en definitiva de crear un espacio público que ayude a vertebrar las muchas culturas con las que convivimos y que, por tanto, sea una apuesta vanguardista que contribuya a desplegar toda la potencial creatividad política y cultural que anida en la ciudadanía, lo que además de convertir la urbe en un espacio más habitable, situará a España en la red de países que han apostado por asumir responsabilidades globales.

Carlos Martínez—A. es presidente del CSIC y Antonio Lafuente es investigador del mismo centro.

Vía: La Mirada – Jorge Navarrete

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