A continuación pasamos a reproducir un reportaje sobre “La oposición de las grandes fortunas y consorcios a las reformas fiscales que impide reducir las enormes desigualdades sociales en América Latina” de JUAN JESÚS AZNÁREZ en el Diario El País.

La cena con aquel ministro mexicano, a mitad de la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), certificó hasta qué punto las grandes fortunas, monopolios y consorcios locales rechazan pagar los impuestos correspondientes a su cuantioso patrimonio en América Latina. No hay fuerza oficial para obligarles. El Ejecutivo de Fox había aceptado por aquellas fechas someter a la aprobación parlamentaria una miscelánea de medidas recaudatorias, a todas luces insuficientes para aumentar el gasto social contra la pobreza, que castiga al 50% de los 105 millones de mexicanos. “Si forzamos una verdadera reforma fiscal, los ricos nos tumban el Gobierno”, reconoció el ministro. La sinceridad de la confesión enmudeció a los comensales.

Latinoamérica, con el 41% de sus cerca de 500 millones de habitantes en la indigencia, crece a un ritmo de cinco puntos desde hace tres años, como nunca, pero naufraga ante elites y poderes fácticos que desafían a Estados todavía muy débiles para imponerse. Los ganadores de las 11 elecciones presidenciales celebradas entre noviembre del año 2005 y diciembre del 2006, casi todos escorados hacia el centro-izquierda, deberán acometer la que probablemente sea la reforma más urgente en América Latina: la fiscal, imprescindible para reducir las escandalosas desigualdades de una región con índices de exclusión social casi subsaharianos. La masiva emigración hacia Estados Unidos y España atestigua el fracaso. Sólo Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil, de un total de 18 países, redujeron, en mayor o menor medida, esos abismos.

Los recientes resultados electorales no parecen conducir hacia la aprobación de los cambios constitucionales reclamados por una región plagada de diferencias sociales escandalosas y democracias precarias, siempre acechadas por la reacción, el caudillismo o las crisis financieras. Sólo cuatro presidentes electos cuentan con mayoría legislativa propia para acometer los cambios: Evo Morales, en Bolivia, Michelle Bachelet, en Chile, Álvaro Uribe, en Colombia y Hugo Chávez, en Venezuela. Brasil, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Perú deberán construir acuerdos para llevar adelante los proyectos de sus Ejecutivos. No será fácil el consenso porque la mayoría de los políticos actúa pegado al oportunismo electoral, y con escaso sentido de Estado, y es improbable por tanto que incluso aquellos con mayorías propias aborden a fondo las dos asignaturas pendientes: la creación de un verdadero Estado de derecho y la ampliación de la base tributaria, con una burocracia eficaz y decente, para recaudar y gastar más en quien más lo necesita.

La reforma fiscal es imprescindible porque el mercado no redistribuye los ingresos. Era “necesaria” en México con el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), “urgente” con Fox, e “impostergable” con el nuevo presidente, Felipe Calderón, según el mexicano Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las 30 naciones democráticas más industrializadas. Previsiblemente, lo continuará siendo durante la legislatura que comienza porque, al igual que Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), no pudo con la oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su correligionario Felipe Calderón afronta la inquina del poderoso grupo parlamentario liderado por Andrés Manuel López Obrador, autoproclamado “presidente legítimo”, líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lo mismo ocurre en otras naciones latinoamericanas. “Hay cuestiones que no debatimos suficientemente. Tenemos que romper tabúes, y la fiscalidad es uno de ellos”, dice Dante Caputo, Secretario para Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El diplomático argentino, ex ministro de Asuntos Exteriores (1983-1989), que ha escrutado casi todas las elecciones al frente de equipos de observadores, lamenta en Caracas, donde asistió a la reelección de Hugo Chávez, que las campañas no hayan sido muy edificantes: “¿Cuántos candidatos plantearon el tema de la fiscalidad en América Latina? ¿Y cómo va a mejorar la concentración del ingreso si no mejora la fiscalidad?, ¿y cómo va a mejorar la fiscalidad si usted no tiene un Estado capaz de cobrar y hacer pagar? ¿Quién está discutiendo esa forma de Estado, un nuevo Estado para una nueva democracia?”. ¿De verdad, con fuerza y compromiso? Muy pocos.

Once países renovaron en las urnas las presidencias del Ejecutivo, y los parlamentos la mayoría, en una demostración de que los cuartelazos perdieron vigencia. Nunca, desde el retorno de la región a la democracia, hace un cuarto de siglo, había habido una agenda electoral tal intensa. No obstante, 13 mandatarios fueron expulsados por objeciones a su legitimidad en el cargo; con cargos de corrupción, cayeron varios. Algo grave falla. América Latina vive la democracia más larga desde la independencia, “pero la renta per cápita [la división del PIB entre el número de habitantes] prácticamente no varió en ningún país”, subraya el alto funcionario de la OEA. “¿Entonces cómo se siente el señor que votó para vivir mejor?”.

El señor de Oaxaca o el señor de Cochabamba, las sociedades latinoamericanas en su conjunto, se distancian entonces de la democracia porque sus libertades no se traducen en un mayor bienestar, y siguen ganando 100 euros mensuales, mientras diputados, políticos, alcaldes o jueces se asignan salarios por encima de los 5.000 euros, más dietas casi inconfesables. Un regidor mexicano llegó a aprobarse un sueldo mensual de 35.000 euros. Las sociedades latinoamericanas protestan porque saben que buena parte de los multimillonarios con cuentas en paraísos fiscales no son empresarios modernos que crearon riquezas y empleo cumpliendo con sus obligaciones fiscales, sino mafiosos y evasores asociados con sus pares en Gobiernos y administraciones. Ha sido así, y todavía lo es, desde Río Bravo a Tierra del Fuego.

“Siento que América Latina se acerca a una segunda transición”, dice Daniel Zovatto, director regional de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) para América Latina. La primera fue del autoritarismo a la democracia, “y la que viene es la transición hacia democracias con mayores niveles de redistribución. Y la fiscalidad va a jugar un papel muy importante”. Debe serlo porque la plutocracia latinoamericana no paga los impuestos debidos, ni pagan, por razones obvias, los 200 millones sin acceso a los bienes de la canasta básica. Cerca de la mitad de la población laboralmente activa se ocupa en la economía sumergida, en el paro encubierto, en el tenderete y la chapuza. Ese sector invisible para el fisco.

La carga tributaria en Latinoamérica, esto es, los ingresos fiscales de los Gobiernos, oscila entre el 8% y el 24% del PIB, con la excepción de Brasil, que alcanza el 34%. El promedio es famélico comparado con el europeo: entre el 35% y el 45%. “En América Latina algunos miran al Estado desde arriba y dicen: ‘A mí no me toca. Yo soy más fuerte que el Estado’, algunos están tan abajo que el Estado no llega a ellos. Entonces sólo queda un sectorcito cautivo al cual llega el Estado”, explica Dante Caputo. América Latina es el subcontinente con mayor concentración de poder fuera del Estado. Y el poder económico genera poder político. “¿Qué capacidad tiene usted de hacer pagar impuestos cuando el poder no está en el Estado? El desafío es inmenso”, agrega.

El desafío recibido por los presidentes electos fue claro, según la Corporación Latinobarómetro: “Las demandas de los movimientos revolucionarios de los años sesenta son hoy día las demandas de la democracia, y son los partidos de centro y de izquierda los que están ganando las elecciones con las banderas de la igualdad y el desmantelamiento de las discriminaciones”. Las enarbolaron en Perú y Nicaragua, el socialdemócrata Alan García, o el ex revolucionario Daniel Ortega, más centrado en sus declaraciones publicas; también la chilena Michelle Bachelet , o el brasileño Lula Da Silva. El venezolano Hugo Chávez tiene petróleo para acometer programas sociales, ganar elecciones, y adentrarse en las nacionalizaciones.

Un liberalismo atenuado acompaña la gestión del colombiano Álvaro Uribe, del mexicano Felipe Calderón, y de buena parte de Centroamérica. La directora del Latinobarómetro, Marta Lagos, es optimista porque la región disfruta de la mejor coyuntura económica de las ultimas décadas, y una inversión de tendencias. “Eso sí, la transformación institucional, la modernización del Estado, avanza a paso de tortuga”.

Y sin Derecho, ni equidad, no habrá democracias sustentables. Resurgirán los atajos populistas, el mesianismo, y la quimera como programa. La meta no es la filantropía de los ricos, sino la consolidación de Estados capaces de hacer cumplir la ley sin asustar a los inversores. El investigador Daniel Zovatto subraya que la bonanza macroeconómica de América Latina no debe llevar a engaño: “Hay que diferenciar entre crecimiento y desarrollo”. América Latina crece, pero no se desarrolla como Finlandia, España, Chile o los países asiáticos, que articularon los consensos necesarios para definir un proyecto de país. “Lo que ustedes hicieron con el Pacto de la Moncloa, es lo que nosotros nos cansamos de decir en América Latina”. Pero los pactos obligan a cesiones y a la renuncia de beneficios, a la que no parecen dispuestos los poderes fácticos, económicos la mayoría. “Yo le hablaba de la segunda transición, la de acabar con la desigualdad. Si no se consigue, volveremos al periodo de las amenazas”, alerta Zovatto.

Vía: El País

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