Partidos, Congreso, Tribunales, municipios, ministerios bajo la lupa de la ciudadanía. Un 82% cree que el Gobierno y la oposición deben trabajar unidos para enfrentar el problema.

Más allá de que a la figura de la Presidenta Bachelet no la hayan salpicado mayormente, los casos de corrupción han tenido tal impacto en la opinión pública, que sus efectos negativos se han hecho sentir fuertemente en todo el sistema institucional.

El fenómeno ha sido tan profundo, que la mayoría de los índices son peores a los que midió la misma encuesta CEP en 2002, en medio de los escándalos MOP-Gate que sacudieron a la administración del ex Presidente Ricardo Lagos.

Los más afectados en la percepción ciudadana son los partidos políticos, sin distinción, puesto que un 59% de los encuestados afirma que la corrupción los abarca. Luego y pese a ser los encargados de castigar los actos de corrupción, le siguen los Tribunales de Justicia que elevan su mala percepción en 15 puntos, mientras que sube un 19% la percepción de quienes ven al Congreso Nacional afectado por el mismo flagelo.

No escapan al golpe las municipalidades, las empresas públicas y algunos ministerios, como asimismo las FF.AA. y Carabineros, mientras Investigaciónes es la única institución que es mejor percibida que en 2002.

La encuesta, donde este tema no se incluía desde los escándalos de MOP Gate, revela un fuerte rechazo al cuoteo político al arrojar que un 82% de los interrogados cree que la corrupción en la administración pública se debe a dicha práctica. Una cifra superior en 8 puntos a la medición de 2002.

Otro resultado revelador es la percepción mayoritaria de que los funcionarios públicos están involucrados en hechos de corrupción. Mientras un 55% cree que hay “muchos”, un 37% piensa que “algunos” y sólo un 5% estima que “casi ninguno”.

Pese a los acuerdos de 2003 entre Insulza y Longueira apuntaron sustantivamente a mejorar la transparencia y eficiencia del Estado, el índice de los que creen que éste es profesional y eficiente bajó 5 puntos.

Lo mismo ocurre con el gasto electoral, donde aun cuando se dictaron leyes para transparentarlos, un 5% más cree que los candidatos se financian las campañas con prácticas ilegales.

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Síntesis de los reultados en gráficos en formato PDF.

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