El Mercurio, 26/12/06.- Usos al interior del Estado que imposibilitan la “depuración” fiscal. Coimas, Intervencionismo y cuoteo político, entre ellos.

Las severas denuncias sobre corrupción de los últimos meses, relativas al uso de recursos públicos para campañas políticas; la llamada “ideología de la corrupción” y, ahora, el uso de gastos reservados del Estado para la actividad de los partidos políticos fueron objeto de estudio para el Instituto Libertad y Desarrollo.

Para el organismo, las autoridades de gobierno han querido minimizar el problema, aduciendo que se trata de casos particulares, justificándose en las serias dificultades de financiamiento de los partidos.

Por eso, LyD sistematizó las conductas, estableciendo siete tipos de faltas sobre las que se desarrolla la corrupción en Chile y las bautizó como “los siete pecados capitales de la corrupción”.

La primera es la falta de transparencia en las condiciones de contratación, develada tras los sobresueldos, los que se justificaron por el bajo nivel de las remuneraciones. Aquí se discutieron los cuestionados contratos a honorarios para miles de funcionarios estatales.

Después está la alta discrecionalidad en la asignación de beneficios sociales, que toca a Chiledeportes, Indap y el Fosis, y favorece la entrega de dineros con sesgo político. Le sigue el ya conocido cuoteo, que cobró este año su máxima expresión al develarse el aparataje de los operadores políticos, quienes se nutren de la maquinaria estatal para beneficiar a sus partidos. “Una de las formas más manifiestas de captura del Estado”, sentencia el análisis, el que sugiere la profesionalización del sector público.

Está también el tráfico de influencias y las coimas, que según LyD concentrarían cerca del 90% de los casos de corrupción del país. Sigue el fraude al fisco, y que encuentra su entronización en el caso Corfo-Inverlink y la seguidilla de casos MOP -como Gate, Ciade y Foro-. Aquí confabulan el manejo de grandes recursos y la poca transparencia en la gestión. Se sugiere, para esto, incorporar al sector privado como socio en las empresas públicas, asegurando así la fiscalización.

Además, se menciona al intervencionismo electoral del Gobierno y el desvío de recursos estatales, el que encontró lugar en el mal uso de los PGE. Esto daría cuenta de una conducta “amplia, generalizada y justificada para usar recursos de todos los chilenos y financiar a la coalición gobernante”. Empalman aquí la asignación de gastos reservados y los operadores políticos. Por eso, la solución -se propone- vuelve a ser profesionalizar al personal.

Juez y parte

Finalmente estaría la evasión de impuestos, la que se relaciona directamente con los sobresueldos, coimas y fraude fiscal. “Lo preocupante es que el propio SII validó algunas conductas, como los sobresueldos, al dictaminar que no son tributables”, advierte LyD. Por ello, la solución va por simplificar el sistema tributario y cesar con la actual condición de juez y parte del SII, que favorecería la arbitrariedad.

ESTADÍSTICA

EL TRÁFICO de influencias y las coimas concentrarían el 90% de la corrupción del país.

Vía: El Mercurio.

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