El Mostrador, 15/12/06.- Un 61% de los requerimientos terminó sin respuesta, y sólo en un 27% de los casos se accedió a la información solicitada. Cifras se comparan con el 69% y 17%, respectivamente, de 2004.

La relevancia de contar con una adecuada Ley de Acceso a la Información Pública, junto con una política pública que instruya a los servicios públicos sobre la necesidad de adaptar su diseño y prácticas institucionales a estándares internacionales, reflejó el Segundo Estudio de Acceso a la Información Pública, realizado por la Corporación Participa, con apoyo de OXFAM.

El objetivo fue evaluar las condiciones de acceso a información pública, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia, y contrastar estos resultados con aquellos obtenidos en el estudio realizado en 2004, con el apoyo de Open Society Institute, donde Chile fue el país peor evaluado en comparación con otros 10 de Europa, Latinoamérica y África, con un 69% de las solicitudes sin respuesta.

Este año, se pidió información a los 20 ministerios, tres instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema, Juzgado Civil N° 1 y Primer Juzgado de Garantía de Santiago), ocho municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda), dos empresas del Estado (TVN y EFE) y el Congreso Nacional.

Empleando una metodología similar a la de 2004, en sólo un 27% de los casos se accedió a la información solicitada de forma completa (17% en el 2004), mientras que un 61% de los requerimientos terminó sin respuesta.

Además, un 40% de las instituciones responde las solicitudes después del plazo de 10 días, tiempo que se considera acorde con los estándares internacionales. Por otro lado, frente a una misma solicitud de información, en un 61% de los casos, la respuesta fue diferente, lo que refleja la ausencia de criterios o una política clara acerca de cómo responder a este tipo de solicitudes.

Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la OEA, comentó “una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado chileno por no contar con legislación que garantice efectivamente el acceso a la información pública ha renovado la discusión sobre la necesidad para que este país cuente con una ley en ese sentido”.

“Es de esperar que esa nueva ley que hoy se discute respete ciertos principios, tales como la excepcionalidad de las razones de reserva de información y la independencia real de un órgano encargado de controlar las negativas de otorgamiento de información. Sin embargo, una ley no es suficiente para hacer efectivo el derecho al acceso a la información”, afirmó.

“El estudio de Participa, por ejemplo, demuestra que los avances en las prácticas chilenas han sido muy tenues, por lo que paralelamente con la sanción de una ley, es importante trabajar en políticas públicas que cambien una cultura de secretismo que se trasluce del estudio”, puntualizó.

La investigación, desarrollada entre los meses de agosto y noviembre pasados, incluyó la solicitud de un total de 210 pedidos de información a Ministerios, Municipios, Instituciones del Poder Judicial y Empresas Públicas, por parte de voluntarios como periodistas, estudiantes, empresarios, políticos y otros.

Presentación de resultados.

Vía: El Mostrador.

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