27 de octubre de 2006.

Por: Omar Reyes Osuna

El caso de Chiledeportes nos permite ver un ejemplo de situación irregular en la administración del estado y de la percepción que tienen la opinión pública respecto de estas situaciones.

Existe una constante confusión en la opinión pública y más lamentable aún en los medios de comunicación respecto de conceptos que debieran ser básicos para cualquier ciudadano, un ejemplo claro de esto es la confusión de los conceptos Gobierno, Estado y Fisco.

La utilización de eufemismos por parte de los gobiernos no ayuda tampoco a la compresión de lo que realmente sucede, lo cual no es de extrañar porque es parte de nuestra cultura y peor aún parte de la cultura de la administración pública que se manifiesta por medio de la falta de transparencia y no entrega de información desde la institución más pequeña hasta los más altos niveles de la administración del estado.

Lamentablemente Chile en este aspecto –acceso a la información pública– está lejos de modo negativo, de otros países, incluso de la región.

Otro aspecto que deja al descubierto esta situación con Chiledeportes, es el dilema de los funcionarios públicos frente a situaciones de corrupción o de irregularidades en la administración pública, luego, una vez más se confunde la actuación de los funcionarios sin hacer distingo entre funcionarios de carrera y funcionarios políticos, cayendo todos dentro de un mismo saco para los efectos de sindicar la corrupción.

No menos importante es el dilema que puede enfrentar un funcionario público al enfrentar presiones para aceptar situaciones anómalas por miedo a la sanción de ser mal calificado o en algunos casos a perder el trabajo, si se considera que no son pocos los funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata.

Ayer el presidente de la Asociación de funcionarios de Chiledeportes, Sergio Yáñez manifestó, en el programa última mirada de Chilevisión, su extrañeza de que esta situación que afecta a su institución, se demorara tanto en salir a la luz pública considerando que ellos vienen dando cuenta de esto hace más de seis meses. Tenemos entonces, a funcionarios no solo cumpliendo con su trabajo sino cumpliendo con la ley al informar a las autoridades competentes sobre situaciones irregulares o de posible corrupción.

Todo esto no hace más que reafirmar que cuando nos referimos a la ética en la función pública, esta no sólo de abarcar el comportamiento del funcionario o sus actos, además debe estar relacionado con el principio de eficiencia en su gestión. Para que esto sea concordante con una administración eficaz, se le debe dar a la virtud de la ética su significación final, la tendencia a buscar el bien y lo que moralmente es bueno o correcto.

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