Por: Omar Reyes Osuna 

Miercoles 13 de septiembre de 2006.

El gobierno aún no decide el nombramiento del nuevo Contralor General de la República y al parecer tampoco tiene una posición definida para quién en definitiva reemplazará al ex Contralor Gustavo Sciolla, quien dejó el cargo tras cumplir 75 años de edad.

Este nombramiento viene acompañado de polémica, debido a la intención del gobierno de proponer al Senado a una persona que no sea parte de la Contraloría, algo que viene a romper con la costumbre, que en algunos países es considerado fuente del derecho, esto con el argumento, legítimo o no, de modernizar al ente Contralor. Por estos días se han escuchado nombres como el de Pedro Pierry y Rolando Pantoja, conocidos y destacados juristas del medio.

Por su parte la misma Contraloría ha manifestado su molestia por medio de críticas internas ya que como es lógico esperan que este puesto sea ocupado por un funcionario de carrera, lo cual es comprensible si se considera que este puesto es el fin de la carrera funcionaria, esto sumado a que del nombramiento de una persona ajena, se podría inferir de manera indirecta la incapacidad profesional de los funcionarios para ocupar este puesto.

Sin embargo la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, ha señalado en el Congreso la irrelevancia de si el nuevo Contralor es un funcionario de carrera o un abogado externo, haciendo énfasis en que este nombramiento debe corresponder a una serie de criterios consensuados con todos los sectores políticos del país.

Bajo este escenario se ve difícil que el nombramiento recaiga bajo un funcionario de carrera, por lo menos eso es lo que parece.

Dicho esto hay que reconocer que los requicitos para ser nombrado Contralor General de la República están establecidos en la Constitución Política, en el Capítulo X, este establece que se debe tener a lo menos diez años el título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Nada dice de la carrera funcionaria.

Lo que si está claro es que es el gobierno con acuerdo del Senado es quien decidirá e independientemente de la fórmula que se elija para nombrar al nuevo Contralor General de la República, se debe esperar que quién llegue a ocupar este alto cargo de la administración Pública, sea la persona idónea para llevar a cabo la modernización de este organismo y siga cumpliendo con su rol de control de la legalidad de la administración del Estado.

Son varias la interrogantes que presenta esta situación, pero la más clara es si corresponde la limitación de la carrera funcionaria en post de la modernización de este ente estatal, ¿son realmente incompatibles ambas posturas?.

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